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Elementos para el debate universitario. MNR Mesa Nacional

Presentación

El presente material es una síntesis de los últimos trabajos, documentos y despachos para congresos estudiantiles, con que concurrimos a las distintas instancias de debate político en que participamos.

Entendemos que ante la profundísima sucesión de crisis a la que asiste nuestro país, como consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal -acumulativo en lo económico, excluyente en lo político, elitista en lo social y alienante en lo cultural-, debemos apostar a la construcción de una alternativa progresista que interprete y contenga las aspiraciones y demandas de las mayorías nacionales.

En el campo educativo, el  modelo se manifiesta claramente, ya que tanto educación, como salud, trabajo, vivienda o justicia social, son sólo parámetros económicos que deben ajustarse a las pautas de oferta y demanda que permitan “cerrar las cuentas” oficiales y mantener el actual estado artificial de estabilidad.

Desde el movimiento estudiantil universitario que integramos, debemos trabajar para articular conjuntamente con las demás instituciones intermedias y organizaciones sociales, con los trabajadores, los intelectuales, los luchadores sociales y todos aquellos que pretendan construir una Argentina diferente, cuyo valor sea el hombre, principio y fin de toda organización política, económica y social, una propuesta para avanzar -partiendo de las premisas comunes- hacia objetivos posibles que transformen positivamente la realidad.

La participación, la organización, la movilización, la unidad y el consenso determinarán las bases culturales sobre las cuales edificar una nueva sociedad.   Una sociedad que respete los valores trascendentes del hombre.   Una sociedad en la que farándula, mercado, inmediatez, doble discurso, frivolidad, sean los desvalores y no los ejemplos.

Ponemos a consideración de nuestros compañeros este material en el afán de favorecer un debate enriquecedor que genere nuevas y más importantes definiciones en la temática propuesta, capaz de fortalecer nuestras convicciones en el camino emprendido hace ya muchos años por nuestro Movimiento Nacional Reformista.

 

Movimiento Nacional Reformista Mesa Nacional

Caracterización de la situación nacional

En 1983 los argentinos recuperamos la democracia luego de haber sufrido ocho años trágicos de dictadura. Factores internos y externos, la resistencia de los trabajadores y de la inmensa mayoría del pueblo, la solidaridad internacional y el resultado de la guerra de Malvinas,   determinaron el retorno del país a la vida constitucional.

Vivimos entonces el fugaz espejismo de pensar que a través de las elecciones se aseguraría el pleno y efectivo funcionamiento de las instituciones.

Pronto se diluyó ese espejismo y nos sorprendió inmersos en una de las crisis económicas más graves de nuestra historia. La hiperinflación y los saqueos, como poco tiempo antes la obediencia debida y el punto final, nos demostraron que la sola vigencia de la democracia no era suficiente para romper con los poderosos grupos de presión que seguían rigiendo los destinos del país en su propio beneficio. La falta de un modelo de país y el agotamiento del proyecto político de la Unión Cívica Radical, sumados a la soberbia de no convocar oportunamente a una concertación nacional pluralista, amplia y democrática, pusieron al país al borde de una catástrofe.

Con la nueva apuesta de un pueblo esperanzado, vuelve al gobierno, después de muchos años, el Partido Justicialista de la mano de un Menen que ofreció una propuesta doctrinaria avalada por la gente. Y una nueva frustración. Ni salariazo ni revolución productiva. Liquidación de las empresas nacionales en favor de los acreedores extranjeros, desarticulación de la legislación social, indultos, corrupción, aumento del desempleo, autoritarismo.

Argentina 1994 es un país caracterizado por la superposición de crisis económica, social, política, cultural, de credibilidad, de participación, sin precedentes.

Los problemas de trabajo, vivienda, salud, educación, seguridad, justicia, se agravan constantemente; mientras tanto, la brecha entre ricos y pobres se acrecienta: el 30% de la población del Gran Buenos Aires tiene sus necesidades básicas insatisfechas; la mortalidad infantil aumenta -según algunos informes que UNICEF señala en su trabajo “Cuesta Abajo”-: un niño menor de un año muere por hora en nuestro país por causas evitables; de cada 100 niños que ingresan al nivel primario, solo 37 terminan, ingresando 15 al secundario, de los que terminan sólo 3 y 1 accede a la Universidad que presenta un altísimo Índice de deserción.   Día a día más argentinos van perdiendo la esperanza de tener un futuro o un presente mejor UNICEF nos señala en el trabajo citado que la suma de “pobres estructurales” y “empobrecidos” se ha incrementado, en el Gran Buenos Aires 1980-1990 en un 14% (20,6 en 1980 a 34,5% en 1990); hablar hoy de explotaciones agropecuarias en la pampa húmeda es hablar de 200.000 productores que van a la quiebra: 20 años atrás un productor vivía con 100 hectáreas, hoy no sobrevive con 200.

Si en un remate público vendiéramos la provincia de Chaco, metro a metro, la recaudación no alcanzaría a cubrir la deuda que hoy la agobia. Y así, todas las economías regionales.  El gobierno de Río Negro denunció a principios de año la quiebra de la producción frutícola del Valle, como ayer otros lo habían hecho por el algodón, el tabaco, el vino y el azúcar.  Tal es la profundidad de la crisis en la que estamos sumergidos que la destrucción de las economías regionales es, no solo admitida sino denunciada, por los propios gobernadores oficialistas, algo verdaderamente sintomático.

La desocupación creciente se exterioriza en los cierres constantes de fuentes de trabajo, tanto en los grandes cordones industriales como en los más remotos puntos del país: valga como ejemplo la protesta popular de Tierra del Fuego con obreros en la calle desafiando 20º bajo cero de temperatura.

Tampoco el modelo asegura la salud.  Aparecen las viejas enfermedades de la pobreza que parecían ya superadas.  Las obras sociales funcionan cada vez menos y los hospitales, sin recursos, no dan abasto a la creciente demanda.

La enumeración podría continuar con los efectos del neoliberalismo en cultura, en educación, en vivienda, en ética, en moral y en política.

Por eso decimos que el modelo es excluyente, porque sirve solamente a una privilegiada minoría.  No sirve a la mitad más uno del país, sirve a ese 15% que es el que llena los hoteles, que hace turismo, que compra en cuotas, que come afuera, que da todos los índices que parecen de un país extraordinario pero que solo alcanza a seis de los treinta y tres millones de argentinos.

Todo esto se sustenta en un marco político sintetizado en el bipartidismo que sitúa a la sociedad frente a una falsa alternativa: “son ellos o somos nosotros”, aunque más allá de las diferencias formales, desde la sustancia de las prácticas políticas, económicas, sociales y culturales, ambas propuestas sean más de lo mismo.

 

La Reforma Constitucional

La coyuntura los encuentra pactando una nueva Constitución Nacional, prostituida por ambos partidos vacía de La coyuntura los encuentra “pactando” una nueva Constitución Nacional, prostituida por ambos partidos vacía de contenido y limitada al intercambio de figuritas que representan la reelección presidencial, el 3er senador o el ballotage.

Y aunque compartimos la necesidad de la reforma -ya lo advertía Carlos Sánchez Viamonte hace más de medio siglo: “ya no interpreta nuestro estado de conciencia colectiva ni refleja los factores reales de poder”- la formulación de los dos partidos está hecha en términos de conveniencia electoral y no en los valores irrenunciables que reclaman una actualización de nuestra constitución.

La reforma de la parte dogmática exige la sanción de principios fundamentales de nuestra organización social y política: igualdad ante la ley sin discriminaciones, libertad de conciencia y de creencia, libertad de reunión, petición e información.

Los medios de comunicación deberán asegurar el pluralismo, el respeto a las creencias, a la cultura nacional, y a las identidades regionales. Estarán prioritariamente al servicio de la educación y del sano esparcimiento. Derechos de la mujer, en el sentido de que el Estado deberá remover los obstáculos que cercenen su desarrollo pleno. Derechos de los discapacitados o con capacidades especiales. Derechos de los aborígenes. Garantías del disfrute de un medio ambiente salubre y ecológicamente equilibrado. Imprescriptibilidad de la tortura y demás crímenes de lesa humanidad, exentos de conmutación, indulto o amnistía. Derecho al trabajo en el sentido de considerarlo como la fuente principal de la riqueza y de la dignidad humanas.

El paquete cerrado que implica la Reforma Constitucional que se debate en Santa Fe y Paraná favorece la consolidación del modelo de país en vigencia e ignora y por tanto excluye absolutamente estas propuestas.

El espectáculo deplorable que por estos días exhiben inmutables sus responsables, no desnuda, sin embargo, la verdadera sustancia de la orientación que debería haber tenido una Reforma Constitucional a la medida de las necesidades acuciantes de nuestro pueblo.

 

Construir una propuesta alternativa

La comprensión de esta realidad que no es más que la profundización en su etapa de máxima degradación de las secuelas del modelo puesto en marcha en nuestro país a fines del siglo pasado, reafirma nuestra convicción de desarrollar la alternativa socialista, dentro del espacio progresista en la sociedad y en cada uno de sus ámbitos, el nuestro, el movimiento estudiantil y la universidad.

Un espacio que debemos ocupar junto a las mayorías nacionales. Esas mayorías que tienen una base en la realidad, porque este modelo es sustancialmente contrario a los intereses de las mayorías. Y en nuestro accionar el objetivo estará cifrado en aportar a la articulación de esas mayorías, conociendo el problema global y el de cada una de sus partes, resolviendo uno por uno en coordinación con todos los sectores que la componen.

Si superamos las diferencias secundarias entre los sectores de las mayorías y sabemos identificar su principal contradicción con el modelo, estaremos avanzando positivamente.

Con nuestro trabajo iremos diagramando un programa que se constituya en una verdadera alternativa al modelo.

Un programa que nos permita gobernar con eficiencia, que no es contradictoria con la solidaridad, ni con la justicia, ni con ningún valor que ponga al hombre como principio y fin de sus objetivos, sino que es el medio con que alcanzarlos.

Un programa alternativo con dos piedras básicas y una losa común: salud y educación.

Finalmente, nuestra convocatoria es a ratificar aquellos ideales, aquellas utopías de la libertad, de la justicia social y la igualdad de oportunidades, que dieron origen a nuestras agrupaciones estudiantiles hace ya más de 30 años.

El desafío es alcanzar un equilibrio entre la realidad y esas utopías que construya el programa de la unidad de todo el espacio progresista y se constituya en una alternativa posible.

Entendemos que no hay otra forma de revertir esta crítica realidad, consecuencia del neoliberalismo, del conservadurismo. Confrontar con militancia y con estudio, pacífica pero enérgicamente, el modelo social porque es intrínsecamente inmoral, antisocial, regresivo y explotador, es nuestro desafío ineludible y el imperativo del presente.

 

La Universidad Nacional

Con esta ubicación general del panorama nacional enunciado, nos proponemos, entonces, analizar más específicamente la situación universitaria.

Podríamos abordar una caracterización de nuestra Universidad hoy, desde diferentes ópticas: su situación académica, su producción científica, su inserción social.   Sin embargo, si tomáramos aisladamente cualquiera de estas pautas, sin partir de una valoración correcta de su realidad financiera -de profunda crisis- que condiciona el desarrollo de todas las demás, incurriríamos en un error.

Sintéticamente: la evolución, o mejor, la involución de la relación Presupuesto Universitario / P.B.I. va de un pico del 0,87%, en el '74, tomando datos relativamente recientes o del 0,78% del '87 al alarmante 0,53% del último año.  Para tomar como referencia, el promedio de esta relación en los países europeos es del 2%, aun teniendo en cuenta la abismal diferencia existente entre los PBI de aquellos países comparados al nuestro, mientras que la relación población estudiantil universitaria / Nº de habitantes, es prácticamente idéntica (año '91: Francia 2,6%, España 2,9%, Argentina 2.1%).

Por supuesto, estos datos no emergen de una actitud caprichosa del Estado en detrimento de la Universidad Nacional, sino que son la consecuencia de una política social excluyente, que no jerarquiza salud, justicia social, vivienda o educación.

A tal punto llega la desjerarquización financiera de nuestra educación, de nuestra cultura, que señala UNICEF que el presupuesto destinado por nuestro país a esta área, con respecto al P.B.I, ocupa el 81º lugar en el mundo, inmediatamente antes de Uganda. “Felizmente - reflexiona Ernesto Sábato - es muy difícil destruir toda nuestra gran herencia cultural, todavía estamos a tiempo de salvarla, para que vuelva a ser la más sólida base de reconstrucción.  No hay grandes hombres sin almas grandes. Ni grandes naciones sin una gran cultura, porque la cultura es el alma de una Nación. Sin ella, sólo haremos precaria y grotescamente la parodia de un país civilizado”.

Para quienes concebimos que educar es posibilitar el desarrollo pleno de la personalidad del hombre, es despertar aptitudes y talentos, la educación se convierte en una prioridad para la sociedad y no hay mejor inversión del Estado que la que para ella destine.

¿Podemos, entonces, poner en un plano de igualdad la cotización del dólar, el valor del oro o del petróleo, con la formación intelectual de la población?

 

GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA

Ante tal realidad, y en un sentido coherente con el mensaje “eficientista” que propone el gobierno nacional, se sugiere una solución a la crisis de nuestras Universidades: el “autofinanciamiento'', o más específicamente, el arancel.   La propuesta se sustenta en el planteo de que el derecho indiscutible a la enseñanza no es extensible a la Universidad. En esta concepción el arancel encaja perfectamente, se lo plantea como una contraprestación por el goce de un privilegio.

Un profesor egresado de nuestra Universidad, cita un ejemplo que entendemos es de por sí demostrativo: “de esa Universidad que hoy se pretende arancelar salieron dos Premios Nobel como Federico Leloir y César Milstein.   La familia Leloir hubiera podido pagar un arancel, la de Milstein, no; él pudo estudiar porque la Universidad era gratuita y, de todos modos, tuvo que trabajar.   Es obvio que si el sistema de impuestos estuviera bien organizado, automáticamente el padre de Leloir hubiera aportado a la educación más que el de Milstein.   La solución al problema de los gastos sociales está en la justicia del sistema tributario”.

Recurrimos entonces a un análisis de la estructura tributaria, según datos de la F.I.D.E., “Coyuntura y desarrollo”, marzo 1991, de la cual extractamos el siguiente cuadro:

“Composición de los recursos tributarlos del sector público”

Impuestos directos (sobre el patrimonio y las ganancias)                     14,2%
Impuestos indirectos (sobre el consumo)                                     73,2%
Impuestos sobre el Comercio Exterior                                        12,6%
                                                                                     100,0%

A esto hacemos referencia cuando denunciamos la injusticia de la distribución tributaria.

Hagamos un esfuerzo de imaginación, finalmente, para encontrar las respuestas adecuadas siempre en un sentido progresista.   Los sostenedores ideológicos del modelo conservador, siempre propondrán soluciones “lógicas” en el sentido contrario.

 

CONSECUENCIAS DEL PRESUPUESTO

Las consecuencias directas del ahogo presupuestario se evidencian en cualquiera de los destinos a que los exiguos recursos provenientes del Estado se asignen.

Partimos de los salarios, que consumen según cada Universidad entre el 80 y hasta el 95% del presupuesto anual.

En la UNL por ejemplo, en 1991 el 90,8% fue destinado a gastos de personal, en 1992 el 91,5% y en 1993 el 89,6%. Esto indica que con menos del 10% debió atenderse a la totalidad del resto de las funciones de la Universidad. Esto, entendiendo desde ya que los salarios son, en casi todos los casos, absolutamente insuficientes.

Se agotaron, entonces, los recursos para políticas de bienestar estudiantil -hace 7 años que las universidades dejaron de recibir partidas para becas de ayuda económica, los comedores se han convertido en entes autogestionarios sin subsidios, se aranceló el acceso de los estudiantes a la obra social de las universidades-, está prácticamente detenido el crecimiento edificio, no hay incorporación importante de material didáctico básico acorde a la permanente renovación que exige el avance vertiginoso del conocimiento científico, etc.. La profundidad de la crisis determina no sólo la imposibilidad de proyectar en futuro, sino de resolver los mínimos problemas del funcionamiento diario. En este último aspecto, se han concretado iniciativas que valoramos como positivas y que tienen que ver con la organización de la comunidad universitaria.   Desde luego que, lejos de posibilitar superar la crisis, han determinado resolver situaciones coyunturales de emergencia.

Las asociaciones cooperadoras, fundaciones, etc. son en algunos casos, ejemplos rescatables de participación solidaria de la comunidad universitaria en la generación y racionalización de recursos genuinos, que, aunque escasos, han dado solución temporaria a situaciones extremas.

Sin duda este capítulo insumió largas horas de debate en el seno de una comunidad universitaria absolutamente identificada con la defensa de la Universidad estatal y con el papel indelegable del Estado en sostenerla financieramente. La conclusión es, entonces, doblemente positiva.

 

INGRESO Y OTRAS TRABAS LIMITACIONISTAS

Y en esa misma coherencia con que se sostienen “soluciones” fáciles como el arancel, se pretende instalar otro debate: el acceso -irrestricto o limitado- y la continuidad -sistema de regularidad, promociones, resultados, etc.

Veamos brevemente algunos datos indicativos acerca de la realidad en este aspecto.

Hay 713.085 estudiantes inscriptos en las Universidades Nacionales según el Dpto. Informaciones y Documentos Universitarios de la UNL (números coincidentes con la Secretaría de Política Universitaria del Ministerio de Educación y Cultura).   Menos, mucho menos que cualquier país de Europa, Estados Unidos o Japón, sólo más que un pequeño grupo de países de África y Asia y prácticamente igual que el resto de América Latina.

El espacio para el crecimiento, es entonces, muy amplio y debe constituirse en uno de nuestros desafíos “hacer pasar -como propone Darcy Ribeiro en «La Universidad necesaria»- en algún tiempo del futuro, a toda la fuerza del trabajo por los bancos universitarios”.

Lógicamente este planteo es diametralmente opuesto al que exhiben los detractores de las mayorías estudiantiles en las aulas, proponiendo -y en algunos casos estableciendo- exámenes de ingreso, control de regularización y aprobación de asignaturas para posibilitar la continuidad del cursado, y recientemente, en un proyecto del propio Ministerio de Educación y Cultura el examen de “egreso” en sus diferentes variantes de nombres y fundamentos exhibidos.

Digamos, finalmente, con la Fundación Ebert en su resumen del Seminario “Experiencias político-educativas comparadas”, en un intento por argumentar en favor de la Universidad de mayorías: “la calidad de la educación es una cuestión de parámetros dentro de la filosofía educativa y a cada Estado le corresponde definirla.   En un sistema autoritario esta calidad puede convertirse en un filtro, un tamiz que con criterios elitistas selecciona a los mejores y se desentiende del resto. Para quienes concebimos que la calidad debe ser adecuada a las necesidades del país, ella deja de ser un filtro para asumir el carácter de una promoción para todos. Una educación de buena calidad no puede ser aquella que consagre viejos modelos elitistas o forme líderes carentes de sensibilidad social”.

El objetivo que debe tener la enseñanza es el de acoger más y formar mejor. A la lógica selección-exclusión debe anteponerse el aumento de la calidad de la enseñanza, que es un camino difícil pero el único compatible con el interés general.

No temamos a la Universidad de mayorías, ella va de la mano con los nuevos tiempos que inexorablemente llegarán. Serán tiempos de una sociedad democrática en una Nación independiente y solidaria.

 

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Una de las misiones fundamentales de la Universidad es la formación integral del joven argentino. Esta misión ha de lograrse a través de la inserción del estudiante en el tiempo y en el espacio, de la combinación del trabajo y del estudio y del desarrollo armónico de su cuerpo y de su mente. Según este concepto, la Universidad es algo mucho más complejo que el estudio especial de una disciplina básica, de tal o cual profesión; ella contiene en su seno Facultades de Ciencias Exactas, Biológicas, Sociales, pero es algo muy superior a la suma de todas estas Facultades.

El modelo social vigente pretende convencernos de la necesidad de formar graduados especializados, sólo capaces de brindar respuestas técnicas, de acuerdo a las necesidades del mercado.

El mercado plantea la contradicción cantidad-calidad, habla de excelencia y de recursos humanos, habla de salida laboral.

Contrariamente, para nosotros educación es formación. Rechazamos el término recursos humanos, el hombre no es un recurso es el objetivo; rechazamos el término salida laboral, éste es un problema del mercado; rechazamos el modelo excluyente de excelencia que se plantea para eliminar gente. Nos planteamos educación como herramienta de emancipación. Nos planteamos educación para comprender nuestro tiempo y nuestro espacio, para comprender nuestra realidad histórica y para formular una propuesta alternativa.

Y es verdad que la sociedad precisa buenos profesionales y por eso está ahí la Universidad con su enseñanza profesional. Pero necesita antes que eso y más que eso, formar hombres completos capaces de vivir e influir vitalmente según la altura de los tiempos.

Este modelo no necesita Escuelas de Arte, de Ciencias Sociales o Humanas.  Necesita técnicos especialistas a su servicio.  Ironizaba Ernesto Sábato: “con esa idea de reemplazar las clases de arte por cursos de computación, me pregunto: además de la barbarie tecnológica, ¿qué diablos vamos a computar? ¿la cantidad de seres chiquitos que están muriendo de hambre, de inanición, de tuberculosis, de cólera, por falta de hospitales y medicamentos?¿la cantidad de seres humanos que viven en chozas tomando aguas cloacales, mientras hipócritamente, con humor negro, por televisión se dan consejos sobre la necesidad de lavar cuidadosamente los alimentos? ¿con qué, con materia fecal?”.

Llevemos a los consejos académicos el debate superador de sistemas de enseñanza, de modelos pedagógicos, para confrontar los proyectos de aplicación de políticas de ajuste.

 

LA UNIVERSIDAD Y EL MEDIO

El abordaje de la temática universidad-medio se ha convertido, últimamente en una prioridad que identifica nuestros planteos de los del resto.

La obsesión por profundizar el contenido social en el debate universitario está directamente relacionada con nuestra concepción socialista.

En tiempos de crisis de legitimidad, de credibilidad en las instituciones, de conductas solidarias, la Universidad debe asumir el rol protagónico que su propia trayectoria le asigna, para superar el escepticismo y fomentar participación para la construcción de una alternativa diferente.

Hoy la Universidad como institución debería tener una respuesta y una propuesta ante realidades urgentes como el cólera, la meningitis, el desempleo, la constitución nacional, la contaminación ambiental, la corrupción, la justicia, las villas miseria.   Y una actitud solidaria en la promoción de la organización popular para enfrentar las consecuencias de un sistema injusto.

El concepto de extensión universitaria nace con la Reforma del '18 a la luz de la experiencia del rumbo inequívocamente exitoso que aquella gesta toma a partir de la adhesión popular que recoge.

En aquel momento sus gestores tomaron conciencia que su lucha trascendía los claustros y se convertía en la lucha del pueblo.

Los detractores de la Universidad pública encuentran hoy su espacio en la medida en que no es rescatada por una sociedad que no la reconoce como propia.

Distintas experiencias realizadas en el sentido de acortar la brecha, de estrechar lazos, de derribar los muros que la limitan, nos señalan lo correcto de esta valoración y el desafío ineludible a emprender.

Los Planes de Estudio deben estar nutridos con este contenido; las actividades de extensión universitaria deben ser lo cotidiano y no lo extraordinario; la propia institución debe evaluarse, autocriticarse y reencauzar su funcionamiento en este sentido.

Los actores, los que todos los días hacemos nuestra universidad, debemos impulsarlo.  Nuestras actividades gremiales y políticas no pueden estar al margen de estos objetivos.

La Universidad que trasciende sus propios muros, que no vive de espaldas al país, que realiza actividades más allá de sus puertas, impide el esclerosamiento de su propia estructura intelectual y como grupo dentro de la sociedad. Contribuye, a la vez, a consolidar y profundizar la democracia, desde una perspectiva de participación social.

 

LOS CONSEJOS ASESORES

Una propuesta que no es nueva ni genuina, pero sí auténticamente social es la creación del Consejo Social Asesor, que encuentra antecedentes en experiencias nacionales y extranjeras: la Ley de Universidades de Venezuela, la Ley Española de Reforma Universitaria del '83; la Ley Francesa de noviembre del '68, como resultado indispensable de la Gesta de Mayo; en nuestro país, la creación del “Consejo Asesor de la Universidad Nacional de San Juan”, con participación de diferentes sectores institucionales del quehacer regional.

En este ámbito las entidades representativas del medio aportan sus inquietudes y manifiestan sus necesidades, logrando de esta forma el enriquecimiento de la calidad académica y de la producción científica, permitiendo así una constante y renovadora relación Universidad-medio.

Muchos proyectos presentados en este sentido, no han sido comprendidos por el conjunto de la comunidad universitaria y descansan en los cajones, durmiendo el sueño de los justos.

Es preciso retomar este planteo, desempolvar los proyectos, actualizarlos y asumir, metódica y firmemente un debate enriquecedor que los haga posibles.

 

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA          

Finalmente, abordamos la problemática que surge del debate impuesto en el Parlamento a partir de la presentación del Poder Ejecutivo Nacional de los Proyectos de Ley de Educación Superior, de Régimen Económico-Financiero para Universidades Nacionales y de Régimen Laboral Docente.

Todos íntimamente relacionados y con una coherencia en su contenido que los hace correlativos. Todos, en función de los conceptos económicos, culturales, educativos, tecnológicos y laborales que caracterizan inconfundiblemente al modelo menemista.

Tales proyectos determinan una lógica de continuidad con la Ley Federal de Educación, que tanta resistencia popular recogió antes de ser sancionada. En aquel momento, una vez más Ernesto Sábalo se preguntaba: “Dónde iremos sin las escuelas nacionales y gratuitas en las que se educaron generaciones de hijos de inmigrantes o de humilde gente del interior. Quedarán únicamente las escuelas para los ricos, las que forman en la competencia y en la destrucción del condiscípulo”.

La FUA, en confluencia con CONADU han elaborado un proyecto alternativo que fue presentado ante la Legislatura para su consideración, que si bien no contiene la totalidad de nuestras propuestas elementales, determina un consenso de los principales actores de la comunidad universitaria que no puede ser obviado a la hora de una Ley Universitaria definitiva.

Analicemos, primero, algunos aspectos de los proyectos oficiales:

Universidad Nacional - Universidad Privada: sí bien a cada una de ellas le corresponde un Capítulo particular, se las equipara en tanto son merecedoras de la misma ley, son evaluadas externamente por el mismo cuerpo e integran el mismo Consejo de la Educación Superior.   Ambas serán subsidiadas por el Estado.

Acotamiento de la autonomía universitaria: Se manifiesta claramente en la excesiva reglamentación de los proyectos. No se confía en las decisiones de la propia Universidad ni tampoco en las diferentes respuestas que pueda dar cada estatuto a sus necesidades particulares, y en consecuencia las variadas vivencias que permitirían sin duda, encontrar las mejores soluciones.

Eliminación de la gratuidad: El Estado deja de ser la única fuente de financiamiento y entre las permitidas se encuentra el cobro del arancel

Eliminación de la periodicidad de la cátedra: Los concursos sólo se implementarán para el acceso a la carrera docente, luego se avanzará en ella sólo con el control de gestión.

Participación estudiantil en el cogobierno: Los consejos directivos y superiores estarán integrados por mayoría docente y por estudiantes con más del 50% de las materias aprobadas.   Se pretende, en otros párrafos dar características “académicas” a los nuevos consejos.   Lógicamente con la valoración que, según ellos, representa el término.

Mayoría de profesores en el cogobierno: En primer lugar, no encuadra a todos los docentes dentro de un mismo claustro, discriminando Auxiliares y Jefes de Trabajos Prácticos.   En segundo lugar, propone que los profesores tengan como mínimo un 50% de la representación de los cuerpos.

Evaluación externa: Es planteada desde una comisión independiente, con presupuesto propio y presidida por el Ministro de Educación y Cultura, con la obvia repercusión de los resultados en la política de premios y castigos que se pondrá en práctica desde el gobierno nacional.

Las Universidades habilitarán académica y profesionalmente:

Pero los planes de estudio de las carreras relacionadas con la salud, la seguridad, los bienes y derechos de la sociedad, serán evaluados con mayor periodicidad y deberán ajustarse a las cláusulas que en cuanto a carga académica y práctica profesional, exija el Ministerio.

 

ASPECTOS BASICOS QUE DEBE CONTENER LA FUTURA LEY UNIVERSITARIA

Ingreso Irrestricto y Gratuidad de la Enseñanza:

La Universidad es un ciclo más dentro del proceso educativo, y a ella tiene derecho todo el pueblo argentino. Los argumentos que apuntan en favor del limitacionismo, son de los que saben que impidiendo la formación de la juventud están truncando la posibilidad de un futuro independiente para nuestra patria; porque cuantos menos tengan la posibilidad de acceder a la Universidad, menor será el nivel de capacitación y menores las posibilidades en la toma de decisiones.

Es evidente que una Universidad de mayorías es antagónica con los intereses de un modelo elitista.

El ingreso debe ser directo, irrestricto, sin cupo ni examen ni otro requisito que tener el ciclo secundario cumplido. El Estado debe garantizar la gratuidad de la educación universitaria.

Autonomía y cogobierno:

Para una real democratización de la enseñanza el gobierno universitario debe ser cuatripartito e igualitario, integrándose con docentes, estudiantes, graduados y no-docentes donde estén representados en un plano de igualdad todos los integrantes de la vida universitaria.

El Estado debe garantizar la autonomía universitaria en lo institucional, académico, administrativo y financiero, única herramienta que garantiza a las Universidades su marcha irrenunciable hacia la búsqueda de la verdad y de las nuevas ideas.

La forma de garantizar el uso correcto de las rentas de la Universidad no es limitar su autonomía, sino permitir su funcionamiento correcto. De este modo se garantiza el manejo de los bienes y de los fondos públicos de todas las entidades, cosa que no se conseguirá sometiéndolos al poder central.   Por ese motivo no es un argumento válido para nosotros limitar la autonomía universitaria exclusivamente al aspecto académico sin respetar la autonomía institucional, que puede tener defectos y relatividades, pero que es la que ha garantizado la existencia de nuestras Universidades nacionales.

Cogobierno es el correlato de la autonomía, pues perfecciona la democracia interna de las universidades, haciendo partícipes de la toma de decisiones a toda la comunidad universitaria.

Concursos docentes:

“...La juventud vive siempre en trance de heroísmo.   Es desinteresada, es pura.  No ha tenido tiempo aún de contaminarse.   No se equivoca nunca en la elección de sus maestros.   Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando.  Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguros de que el acierto ha de coronar sus determinaciones...”, estos fueron los postulados que nos legaron los reformistas de 1918 en el Manifiesto Liminar implantando un nuevo sistema de acceso a las cátedras: los concursos, erradicando de esta manera el autoritarismo y el estancamiento de las ciencias en la concepción de la enseñanza y poniendo al frente de las aulas a los mejores docentes.

La evaluación de un docente debe ser permanente y periódica, realizada por todos los estudiantes y por sus propios compañeros de cátedra, al finalizar cada curso.

La periodicidad de la Cátedra es un principio irrenunciable, por lo que las Casas de Estudio convocarán a concursos docentes en todos los cargos en períodos nunca superiores a los 7 años.  En éstos, deberán contemplarse los antecedentes, la oposición y los informes resultantes del control de gestión.

Los Consejos Asesores:

Es conocido por todos que la Universidad no es una isla, sino que está inserta dentro de la sociedad que vivimos.  Por ello la Extensión Universitaria es la fusión entre la Universidad y el pueblo y es allí donde se comienza a garantizar el ingreso y la permanencia de los sectores populares en la Universidad.

Para cumplir esto la Universidad debe insertarse en la realidad nacional y lamentablemente esto hoy no ocurre. Es imprescindible la creación de los Consejos Asesores de las Universidades integrados por los representantes sociales de la región.

La Universidad como consultora preferencial del Estado:

Este mecanismo jerarquiza el rol de la Universidad en el aspecto de su producción científica y establece, a la vez, un recurso extrapresupuestario genuino.

 

Valoración Final

Este trabajo contiene y sintetiza la experiencia, el estudio y las conclusiones que los compañeros del Movimiento Nacional Reformista de todo el país aportan en nuestra Mesa Nacional.

En el desarrollo gris de nuestras tareas cotidianas, es fundamental no perder nunca el norte, nuestra utopía principal que es la Universidad de mayorías.


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