El próximo 24 de marzo se cumple el 30° aniversario del último golpe de Estado que afectara la vida institucional de la nación y generara graves violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. Su génesis y fundamentos se inscriben en los propios antecedentes de violación de la Constitución Nacional, de modo especial en los anteriores golpes de 1930,1955,1966.

El primer enfrentamiento entre democracia y autoritarismo se planteó con el golpe de 1930. Se escuchó por primera vez que los "partidos políticos están perimidos", se habló de la necesidad de gobiernos de fuerza que mantuvieran el orden social, las jerarquías y la disciplina y se inició la etapa que la historia recoge como la "década infame". El gobierno usurpador surgido del golpe de estado de 1955 derogó, por decreto, la Reforma Constitucional de 1949. Los golpes de 1966 y 1976 terminan con las experiencias de procesos constitucionales radical y peronista respectivamente.

Cada golpe de estado se produce como reacción ante la reivindicación de los sectores populares. Los sectores del privilegio apuntalan los regímenes dictatoriales para imponer a su amparo modelos económicos que le permitan incrementar su participación en la distribución de la renta nacional. La filosofía que ha prevalecido en cada golpe de estado quedó expresada en los planes económicos que generaron más exclusión, más inequidad, la desnacionalización de los resortes básicos de la economía administrados por la nación, el vertiginoso incremento de la deuda externa y estatización de la deuda privada.

Lo sucedido en nuestro país se reprodujo en América Latina, donde al influjo de la dominación norteamericana, mediante la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional y con la participación de militares formados en el terrorismo de estado en la "Escuela de las Américas", se derrocaron gobiernos democráticos, para reemplazarlos por feroces dictaduras que implementaron regímenes de tortura, de desaparición forzada de personas y la más flagrante violación de los derechos humanos.

Cada ruptura institucional ha significado un retroceso cada vez más profundo para el país y para la vida de los argentinos. Ello se evidencia crudamente en el paulatino incremento de la represión y la creciente violación de los derechos humanos, pero ha significado también una profunda involución de la cultura jurídico-institucional de los argentinos con el reconocimiento de la "legitimidad" de la normativa emanada de los gobiernos de facto.

El golpe de estado de 1976, inició una etapa en la cual el terror de estado fue el elemento esencial, pero no excluyente, para dar comienzo a una profunda reestructuración de la sociedad civil y simultáneamente del estado y su relación con el mercado. En el orden internacional comenzaba a tener vigencia un nuevo orden económico mundial y los grandes centros de poder comenzaban a reclamar las primeras políticas de ajuste. La dramática participación de los trabajadores en la distribución de la renta y la precarización de las condiciones laborales, fue acompañada por una cultura política y social impregnada de valores individualistas que convertía a la competitividad en una alta "virtud cívica". Esto estaría acompañado de una profunda deserción del estado en su papel de prestador subsidiario de las necesidades sociales e instrumento reparador -aunque sea básicamente- de las desigualdades sociales.

Las previsibles, aunque no seguras, resistencias que el modelo a implementar provocaría, hizo que el asalto al poder fuera acompañado de una represión sin antecedentes en nuestro país, y de una mecánica de violación a los derechos humanos que no desmerece ante las peores atrocidades realizadas por los más descalificados regímenes políticos de la historia. El asesinato de mujeres embarazadas y de niños, el secuestro de niños recién nacidos, las matanzas masivas de jóvenes, etc. revela la magnitud de este verdadero genocidio, donde se hizo con la criatura humana lo que ninguna especie animal realiza con la suya.

A treinta años de aquel funesto episodio, se observan realidades preocupantes. La exclusión y marginación generada tras la aplicación de un modelo económico neoliberal profundizadas a partir de década de los 90, mantiene sus consecuencias sobre un relevante porcentaje de argentinos, especialmente sobre la población joven. Las mejoras en la situación macroeconómica de los últimos años, no logra modificar la brecha que se genera entre los que más tienen y los que menos participan en la distribución de la renta nacional, generándose una segmentación inhumana y políticamente inviable. Las políticas económicas de exclusión terminan por erosionar la calidad democrática y afectan la vida civil generando sociedades afectadas por la inseguridad y poblaciones -especialmente jóvenes- condenadas a la marginalidad.

Los argentinos, al cumplirse 30 años del golpe militar de 1976, nunca más queremos volver al pasado de horror; ni queremos que los hechos aberrantes originados con aquel golpe de estado queden impunes, sin los juicios a quienes estuvieron involucrados en actos de terror, pero también necesitamos fortalecer la calidad democrática combatiendo las causas generadoras de la marginalidad y la exclusión.

La lucha por la vigencia de los Derechos Humanos es la gran tarea permanente para revertir las políticas económicas que constituyen, en sus efectos, violaciones a estos derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales incorporados con rango constitucional.

La jerarquización de los Derechos Humanos abrió el camino para el esclarecimiento y la justicia de todos los hechos de torturas, muertes y desapariciones ocurridas durante la dictadura militar. En este camino se avanzó sustancialmente con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, primero por parte del Congreso de la Nación y posteriormente por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La causa por la plena vigencia de los derechos humanos conlleva la construcción de una opción política que asuma la defensa integral de los mismos en el marco de una nación económica y socialmente igualitaria.

El Partido Socialista, al cumplirse 30° años del golpe militar de 1976, expresa:

1°) Su profundo rechazo a la política de violación a los derechos humanos, con especial mención por su gravedad, a la política degradatoria de estos derechos implementada con el golpe de estado de marzo de 1976, continuando su lucha contra la impunidad por la memoria, verdad y justicia.

2°) Su compromiso de reafirmar la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de las libertades democráticas y los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, a la libre organización de los trabajadores, que posibiliten que todos los argentinos vivamos con dignidad en una misma Nación.

Junta Ejecutiva Provincial Federación Santa Fe

Rosario, marzo de 2006.